“A Érica sólo le faltó alguien que la quisiera y que la tuviera en cuenta”. Esas duras palabras fueron utilizadas por el Equipo de Asistencia y Adopción de Tucumán para cerrar el duro documento con el que analizaron el crimen de la pequeña de tres años que aún conmueve a los tucumanos. Con la firma del presidente, Luis Colombres Garmendia, los responsables de la entidad civil también dejaron al descubierto varias situaciones que se vienen observando con niños de mayor vulnerabilidad.

El viernes 3, la niña ingresó sin vida al hospital Avellaneda después de haber recibido un golpe en la cabeza que le produjo una fractura de cráneo. La fiscala Adriana Giannoni inició una doble investigación. Acusó a los abuelos del homicidio y podría imputarles abandono de personas a los funcionarios y profesionales de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) por las irregularidades que habrían cometido al otorgar la custodia de la pequeña a personas que tenían antecedentes de violencia y porque no actuaron a tiempo para proteger a la niña.

“En el año 2018 Érica fue retirada de su primer hogar por tener una madre adicta que no podía hacerse cargo de ella, ni de sus hermanitas. Como consecuencia de esto fue ingresada a la Sala Cuna, y en 2019 fue puesta bajo la custodia de su familia extendida. Todo este recorrido al que fue expuesta la niña fue bajo la supervisión de la Dinayf y el Juez de Familia”, sostuvo Colombres Garmendia.

El directivo del Equipo de Adopción agregó: “hay que tener en cuenta que no conocemos el estado en que se encuentra la Sala Cuna, pero si sabemos que a los chicos se los estaba alojando en un hotel, mientras se hacían algunas reparaciones. El estado de la Sala Cuna es un secreto celosamente guardado”.

LA GACETA intentó comunicarse nuevamente con funcionarios de la Dinayf para que dieran a conocer su opinión sobre el avance de la investigación en general y en particular sobre la situación de la Sala Cuna, pero no respondieron los llamados ni los mensajes que se les hicieron.

Más críticas

Colombres Garmendia relató que con el dictamen de los profesionales de la Dinayf, y de la Defensoría de Menores, el juez de familia Victor Carlos dispuso que la menor fuera puesta “al cuidado” de su abuelo, el cual tenía antecedentes por violencia de género. “En realidad lo que debió hacer es declarar la situación de adoptabilidad de la niña. Sin embargo la triste realidad es que los chicos que regresan a su familia extendida, normalmente lo hacen con un plan bajo el brazo”, sentenció en el escrito.

“La llegada de Érica a la casa de sus abuelos fue la continuación de actos de violencia contra ella: golpizas, arrancada de pelos a tirones, quemaduras con agua hervida y obligada a trabajar como mendiga. Todo esto tapada con música en alto volumen, para que los vecinos no escucharan sus llantos y alaridos. Finalmente Érica murió a consecuencia de estos malos tratos”, opinó el presidente de la organización civil. “De la declaración de los diferentes funcionarios públicos sobre el caso, surge que hubo un enorme despliegue de especialistas, grupos interdisciplinarios y miembros de la Justicia para proteger a la niña. Lamentablemente, todos fracasaron”, agregó

Responsabilidades

“El principal responsable del crimen de Érica es el Estado, ya que la niña se encontraba en un completo estado de indefensión y desprotección, y del cual los especialistas de la Dinayf no eran ajenos al conocimiento de dicha situación. Por lo que con este accionar el Estado vulneró de manera deliberada los derechos de jerarquía constitucional establecidos en la Convención de los Derechos del Niños”, denunció Colombres Garmandia.

El directivo también se explayó sobre otros problemas que surgieron en los últimos 10 años. “A pesar de que el Estado provincial creó a través de la Ley 8.293 una enorme organización burocrática para cuidar y proteger a los menores y sus familias, no sólo no cumplió con su objetivo, sino que también dejó de lado y excluyó por completo la tarea que hasta hace unos años venían desempeñando las asociaciones civiles sin fines de lucro que venían desarrollando un eficiente e incansablemente trabajó para niños y mamás embarazadas que querían entregar en adopción a sus hijos”, explicó.

Según dijo el dirigente, el Equipo de Asistencia y de Adopción, a lo largo de sus 35 años ayudó y asesoró acerca de sus derechos y deberes a aproximadamente a 3.000 madres en conflicto. “También se encargó de la selección de los hogares de tránsito, en los que los menores se encontraban hasta que esa mamá tomaba la decisión y la guarda legal les era concedida a los futuros padres adoptivos. De esos niños, entre 1.800 y 2.000 niños, fueron entregados en adopción, mientras que los restantes quedaron con la madre biológica”, concluyó Colombres Garmendia.

Explicaciones

Canelada pide que se cite a funcionarios

Tras el homicidio de la niña de tres años, el legislador José María Canelada solicitó a la comisión de Familia que se cite a todos los responsables institucionales que tuvieron intervención en el caso, no sólo para que den explicaciones, sino también para evitar que esta tragedia se repita. “Érica debió ser protegida por el Estado, pero el Estado falló. No podemos volver a tener un caso así nunca más”, argumentó el legislador. “No es admisible lamentarse sobre lo irreparable sin actuar para que no haya más ‘Éricas’ en nuestra provincia y para eso no solo hay que deslindar responsabilidades sobre lo ocurrido, también hay que actuar para prevenir y modificar lo que resulte necesario”, indicó. Canelada adelantó que presentó un proyecto para modificar la Ley de la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de que en este ámbito se cree la figura de un adjunto tercero denominado “Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes”, quien tendrá a a su cargo velar por la protección y promoción de los derechos de ellos.

Detalles de una tragedia

- Érica sufría de maltratos desde 2018. En octubre también hubo una denuncia policial por los castigos físicos que recibía.

- El abuelo y la abuelastra fueron acusados del homicidio de la niña de tres años. Ella es la principal sospechosa del crimen.

- Funcionarios y profesionales del Dinayf son investigados por algunas irregularidades que habrían cometido en el caso.

- Aún no se resolvió la situación de la Defensora de Menores y del juez de Familia que intervinieron en el caso de la pequeña.

- Legisladores de la oposición ya realizaron varios pedidos para que los funcionarios den explicaciones sobre lo ocurrido.

- Los funcionario del área decidieron no hacer declaraciones del caso. Explicaron que la Justicia está investigando el hecho.